Nuestra Delegación en Tenerife ha presentado alegaciones al documento de consulta ciudadana sobre el Anteproyecto de Ley de Montes de Canarias.
Una de las principales preocupaciones se centra en la definición de “monte” incluida en el artículo 3 del anteproyecto, calificada por el colectivo como “extremadamente expansionista”. Según datos del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación correspondientes a las campañas 2020-2024, hasta 66.430 hectáreas de superficie cultivable actualmente sin cultivo, el 55,12 % del total, podrían ser consideradas monte, pese a mantener intacta su vocación agrícola.
Hemos señalado que esta redefinición permitiría reclasificar suelo cultivable como suelo rústico de protección ambiental, lo que entra en conflicto con las Directrices de Ordenación del Suelo Agrario de Canarias, actualmente en fase de redacción, que reconocen explícitamente que la superficie cultivable sin cultivo sigue siendo suelo agrario.
El anteproyecto tiene como objetivo regular la organización, uso y administración de los montes en Canarias, promoviendo su conservación, restauración y aprovechamiento sostenible. Sin embargo, el Colegio considera que la perspectiva agraria incorporada al texto es incompleta, poco clara y jurídicamente insegura, lo que podría dificultar seriamente la actividad agrícola en suelo rústico.
Otro punto crítico señalado por la Delegación es la ausencia de referencias a las vías pecuarias, esenciales para el pastoreo y la prevención de incendios.
Hemos solicitado una revisión profunda del articulado para garantizar que la futura Ley de Montes sea compatible con la protección del suelo agrario, el desarrollo de la actividad agrícola y el equilibrio territorial de Canarias.
